Por Edistio Cámere
¿Qué sostiene, qué hace posible que el sistema educativo peruano siga funcionando con cada vez más alumnos y el mismo aporte económico del Estado desde hace décadas? No es mi intención discurrir acerca de las consecuencias prácticas que genera este hecho en el proceso educativo de cada alumno; sin embargo, creo que es preciso profundizar sobre la gran ausente en los planes del gobierno: la familia.
La respuesta a esta interrogante la encontré en el documento “Perú, el desarrollo de la Educación” (2001) elaborado por el Ministerio de Educación. Ahí se indica que en la Encuesta Nacional de Niveles de Vida (1997) sus mediciones muestran que el gasto de las familias (incluyendo refrigerios y uniforme escolar) asciende al 2.5% del PBI, es decir, equipara al gasto público.
Ahora bien, este gasto se distribuye en 1.5% del PBI en educación privada (menos de la quinta parte de la matrícula) y 1% en educación estatal. Es decir, la educación estatal se está financiando con un importante aporte directo de las familias, el mismo que asciende a 1/3 del aporte estatal. Sin embargo, en los planes de gobierno este importante núcleo no aparece.
En ese mismo documento se lee: “El sistema educativo peruano se caracteriza por elevados niveles de cobertura acompañados de un relativamente escaso gasto público por alumno en educación, lo que ha conllevado a una suerte de trade-off entre cobertura y política” (pág. 4). Esto implica que las características de la oferta educativa estatal no son equivalentes en todo el país y terminan siendo dependientes de la capacidad de las familias para aportar a ella.
El gran matemático Albert Einstein, refiriéndose con admiración al Mahatma Ghandi dijo: “En nuestro tiempo (…) él era el único verdadero hombre de Estado que en la esfera política defendía las relaciones humanas” ([1]).
Tanto la educación como las relaciones humanas son baluartes necesarios para el desarrollo integral y para la cimentación pacífica, participativa y ética de toda sociedad. En este sentido, el papel que juega la familia, en ambos campos, es preponderante y de primer orden; silencioso, pero constante; con yerros, pero con buenas intenciones; con pocos recursos, quizá, pero generosamente distribuidos. Tal es la familia, tal es la persona y la sociedad.
La organización familiar se estructura de roles y funciones que se van intercambiando
sobre la base de las necesidades o situaciones que se presentan o irrumpen en su seno; de manera que los derechos más radicales de sus miembros: nacer, crecer y morir como personas, se respeten y se ejerciten.
Cuando por necesidades económicas ambos cónyuges tienen que trabajar durante periodos largos, la prole no queda desprotegida o descuidada. La acogida o la atención se desplazan o encarga a un tercer miembro, sea de la familia nuclear.
En el capítulo II, Artículo 4, de la Carta Magna del Perú se lee que “La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad”. De ello puede deducirse que el Estado debería suplir proveyendo espacios donde los niños permanezcan al cuidado de especialistas mientras los progenitores atienden sus responsabilidades laborales.
Sin embargo, la familia nuclear ni reclama y menos aún espera una respuesta: ella misma busca una solución dentro de su entorno o grupo más cercano. Es curioso, por decir lo menos, el mal negocio que emprenden los estados al insistir políticamente en el control de natalidad: a la larga ni tendrán los recursos económicos ni tendrán las personas para atender las necesidades que hoy en día la familia satisface.
La presencia de los abuelos no sólo subviene en el control y cuidado material de los niños; ellos, además, desempeñan un papel central al traer al presente la historia familiar que se entronca, se enraíza en la historia nacional. Memoria (recuerdos) e identidad (origen) son aspectos esenciales para la conformación de una nación cohesionada pero respetuosa de las costumbres y tradiciones locales y regionales.
Los efectos de la globalización unidos o generadores de una febril actividad desplegada por el crecimiento económico influyen, sin duda, en el reconocimiento, aceptación y fortalecimiento de la identidad nacional. En este sentido, vale la siguiente imagen: así como un árbol es más flexible y adaptable -sin perder su condición de tal- a las inclemencias del clima en la medida que tenga raíces fuertes y profundas, de igual manera un país mantendrá su propia esencia e identidad en la misma proporción que sus familias -raíces de una nación- sean sólidas y fuertes.
La equidad es un valor mentado recurrentemente en todos los foros. No se duda de su importancia, en absoluto. Se espera que los ciudadanos tengan las mismas oportunidades, las mismas recompensas o que se les devuelva proporcionalmente a lo invertido en esfuerzo. Sin embargo, la sola equidad no basta. Con ésta no se desciende al cómo una persona se hace cargo o aprovecha de las oportunidades ofrecidas. Es perfectamente válido advertir a una persona saboreando la ración servida en un comedor popular pero con una cara que refleja tristeza o preocupación.
Cuando los hijos se van haciendo adultos, sus padres requieren de más atención y cuidados que aquellos deberán prodigar no por un asunto de equidad sino sobre todo por agradecimiento y cariño. En los tiempos que corren otra razón se suma: los abuelos han suplido su ausencia mientras trabajaban. ¿No es más humano y justo que los adultos mayores sean atendidos en sus propios hogares y por su gente? ¿El mismo trato humano y cordial no lo reclaman y exigen también las personas enfermas o con habilidades distintas? Si estamos de acuerdo ¿No sería más eficaz, económico y hasta rentable, que el Estado subsidiara directamente a las familias que tienen a aquellas personas en sus casas?
Se podría objetar aduciendo que es una proposición ilusa, como iluso es esperar que la selección peruana de fútbol clasifique al mundial 2010. Sin embargo, lo iluso no es esperar la clasificación; lo iluso es que lo logre en las presentes circunstancias y condiciones. Como posibilidad es asequible, pero se concretará si se cambia, se modifica, se invierte, se planifica… etc. De igual modo puede suceder con el subsidio a las familias. El desembolso o asignación de los recursos es secundario a la finalidad u objetivo concebido. La concepción de un fin adecúa los medios.
El valor que tiene la familia para sus miembros y, por extensión, para la sociedad, no es adjudicado por el Estado. Tampoco puede ni le corresponde incrementar su valor. Dicho de otro modo, su valía es inherente a su naturaleza, vale por ser lo que es. Por tanto, el Estado, más que en intervenir hacia adentro de la familia, lo propio es que participe promulgando leyes -hacia fuera de ella- que generen alternativas y faciliten medios para que aquella se despliegue conforme a su esencia.
Desde esta perspectiva se entiende que los servicios públicos sean de calidad tanto en su ejecución como en la cordialidad y en la puntualidad en que son ofrecidos. Familias con pocos recursos económicos los demandan, porque sus posibilidades de elegir servicios alternativos son pocas o nulas. Un mal servicio no es sólo una afrenta a su dignidad como personas sino que también es enrostrarles su condición de pobres.
Sin embargo, cuando por razones de urgencia -en el sentido más lato del término- se tiene que buscar soluciones también de emergencia, se obliga a recurrir a gestiones precipitadas para conseguir dinero, que se convierte en una deuda imprevista y que asesta un golpe letal para la economía familiar.
En otro extremo sucede que se pierde importante tiempo en circular buscando un ‘contacto’ para que luego de solicitudes transidas de dolor o desesperación, interceda para que se conceda un derecho.
Un modo de que la familia se ocupe y decida sobre la base de sus necesidades, capacidades y valores en aquello que le compete directamente, es que el Estado practique el principio de subsidiariedad básicamente permitiendo que la familia disponga de liquidez económica para atender los derechos de salud, educación y vivienda de sus miembros. ¿Cómo? Simplemente que esos gastos puedan deducirse del pago del impuesto de renta anual.
El paternalismo como sistema de gobierno en un país como el nuestro no funciona -entre otras razones- porque el Estado no está presente en muchos lugares y, precisamente por eso, las familias resuelven sus problemas por sí mismas. En las zonas urbanas ocurre lo contrario, su pesada presencia asfixia a los ciudadanos, quienes a cambio reciben magros servicios.
Al Estado nacional le corresponde legislar, promover y suplir cuando sea necesario. Pero en el terreno de lo cotidiano y de las costumbres no poca responsabilidad le cabe a los gobiernos locales, uno de cuyos propósitos es procurar una comunidad en donde sus familias tengan opciones que complementen la educación de sus hijos.
¡Qué importante es que las familias de una comuna cuenten con parques cuidados y con espacios para el desarrollo 
de actividades familiares! Las plazas o parques constituyen puntos de encuentro, lugares de solaz para el adulto mayor, de esparcimiento y recreo para los niños y de socialización para los jóvenes. Gracias a estos espacios públicos, las familias no sólo cimientan relaciones humanas, también proveen a sus hijos alternativas para que ocupen productivamente su tiempo libre. No se sostiene que los parques sean la solución única, no obstante se puede convenir que en ausencia de aquellos a las familias se les hace oneroso encauzar las actividades libres de sus hijos.
En los parques no se agota la tarea de los gobiernos locales. En materia de la promoción cultural tienen también atractivos retos: además de la biblioteca comunal se puede pensar en implementar salas de lectura vecinales, festivales locales de música, concursos de talentos por grupos de edad, conferencias, cursos o programas relacionados con la familia, la educación de los hijos, relaciones conyugales, primeros auxilios, economía familiar… y otras actividades más que cuando se tiene el alto el valor de la familia se pueden ofrecer.
Pero… ¿la municipalidad no cuenta con recursos? Tengo para mí que las personas no valoran lo que no les cuesta. El pago proporcional por un servicio prestado -el valor puede ser el precio de una cerveza- afirma el derecho de exigir calidad y reclamar.
De otro lado, el matrimonio civil no debe quedar como un tramité más que cumplimentar. Es ocasión valiosa para los gobiernos locales de otorgarle mayor envergadura. El autorizar la creación de una nueva familia más entraña cierto compromiso que se resuelve formalizando una oficina o departamento de familia, cuyo objetivo sea brindar información -un requisito a satisfacer por parte de los contrayentes sería asistir a una o dos sesiones donde se les explique la naturaleza, fines y responsabilidades de la familia- o asesoría cuando sea necesario. El acompañamiento a las familias en momento de crisis no tiene que ser privilegio de aquellos que pueden pagar por ese servicio. ¡Cuánto bien pueden hacer en este campo las municipalidades!
También la seguridad ciudadana es definitivamente una responsabilidad de la que no puede soslayar ningún gobierno local. Una comunidad se despliega con eficacia cuando existe un clima seguro y pacífico.
El Estado y los gobiernos locales, con leyes y medidas simples y prácticas, desde fuera, pueden contribuir decididamente a que las familias cumplan con sus funciones y tareas inherentes a su naturaleza: la promoción y formación de las personas, el querer a sus integrantes por lo que son y no por lo que hacen, educar a los hijos de modo capilar y respetando sus condiciones y características personales; trasmitiendo sus tradiciones y creencias… Más que renunciar ante la flaqueza o debilidad humana, promulgando leyes que lejos de eliminar esa realidad las hacen evidentes, aquellas deben orientarse a poner al alcance de las familias ayudas calificadas que los acompañen en la reestructuración o fortalecimiento del proyecto familiar.
[1] Santiago Álvarez de Mon Pan, “El mito del líder”, Prentice Hall, Madrid, 2001, pág. 90.
Entre Educadores 
Las familias en este momento no reciben ningún incentivo ni ayuda para mantenerlas unidas. Todo lo contrario, las medidas político-económicas y sociales derivadas de los distntos gobiernos que dicen ser más desarrollados apuntan a desintegrarla o desdibujarla. Porque unos días de permiso para los padres por el nacimiento de sus hijos no son impulsadores de una familia más grande, se tiene que apoyar a la madre para que pueda criar y a los padres para que puedan ser parte del diario crecer familiar. Se tiene que garantizar que la familia es la unión de hombre y mujer, se tiene que fomentar que la edsucación esté al alcance de estas familias que a veces no pueden ofrecer a sus hijos las oportunidades que por sus méritos se merecen. El consumismo nos arrincona a todos hacia una familia de máximo 2 hijos, lo que acompañado de la cada vez más agobiante demostración de egoísmo de parte de las parejas jóvenes, nos lleva a un mundo envejecido e individualista.
Hoy pareciera que se tienen hijos, muchas veces, por cumplir con un rol, por demostrar que sus capacidades reproductivas sirven, que se ha escrito un libro, se ha sembrado un árbol y se puede tener un hijo. El carro para cuatro que sea el más lindo, que el niño vaya al colegio que es caro porque como solo es uno se puede pagar y allí estará rodeado de gente ‘nice’… MIentras tanto los padres con más de 3 hijos son vistos como irresponsables y a pesar que se muelen trabajando no reciben ayuda de nadie. Eso qué va a ser motivación… los quieren ver doblarse y dar una muestra a esos sus hijos de que no deben repetir ese mismo plato que trae escasez y marginación social.
Las políticas deberían basarse en el bienestar familiar porque solo si esta célula básica está sana y atendida, la sociedad demostrará estar bien cultivada para dar sus mejores frutos.
Gracias por el artículo.