En defensa de la Escuela

Edistio Cámere

La Comisión de Educación del Congreso de la República puso en el asador este pasado 3 de junio– aprobado por unanimidad – un dictamen mediante el cual determina los procedimientos para poner coto a la morosidad – en creciente alza-  en el pago de las pensiones escolares. Digo en el asador porque la educación, como todo lo que hace referencia a lo más consumado del hombre, es un concepto equivoco: sus diversas interpretaciones, visiones o actividades no hacen sino enriquecer su trascendencia. Pero esa apacibilidad conceptual se mal usa cuando se la coloca entre bandos contrarios: derecho-deber; libertad-responsabilidad; gratuidad- no gratuidad; control del estado- autonomía; pensamiento único- pluralidad de opciones; creencias religiosas- laicismo; el colegio- los padres de familia; el estado- los ciudadanos, etc… Mientras se aticen las brasas de lo antagónico, de la dialéctica, de los opuestos, los acuerdos y soluciones a los que se lleguen serán frágiles o impuestos por grupos de poder o por un Estado impersonal.

Los colegios privados han implementado unas buenas y razonables prácticas – sistema de becas o reducción en el monto de la pensión – conforme a las cuales los padres de familia que por motivos económicos estructurales o por el número de hijos no pueden pagar el monto pactado. Además, en virtud de la promulgación de la ley N° 23585 del 28/02/1983, los colegios y universidades privadas están obligadas a otorgar becas completas ante el fallecimiento del padre o del tutor. Solo una mente malintencionada es capaz de construir la figura de un director que categórica y malintencionadamente se niega escuchar y apoyar a unos padres que atraviesan una situación crítica. ¡Pensar en colegios descarnados e indolentes suena a mero prejuicio!

Si las escuelas ofrecen alternativas que permiten la continuidad de los estudios de los alumnos cuyos padres atraviesan criticas situaciones financieras, ¿cómo se debe interpretar la morosidad? ¿cómo un estilo de vida? o ¿será que responde a una efectiva insolvencia pecuniaria? Si fuera insolvencia ¿en el mercado ningún proveedor se mantendría en pie? Usualmente, la puntualidad es mayor que la morosidad. La honra y el cumplimiento de las obligaciones es superior que la deslealtad con los compromisos. Por tanto, una ley que premia la morosidad perjudica esencialmente a los servicios educativos. En primer lugar, es una medida populista. Quienes cumplen con sus pagos, a la vez que subsidian a los incumplidos, reciben servicios mediocres: por tanto, entre el usuario y el proveedor se establece una relación precaria, quien los presta no tiene cómo mejorarlos y, quien los paga no los recibe en condiciones óptimas ni menos puede exigir un mínimo de calidad, porque los primeros se excusan aduciendo que no le pagan.

En segundo lugar, termina subyugando a la escuela a intereses particulares.  Si el usuario de un servicio educativo advirtiera que un superior – en este caso el Estado – lo exonera de la responsabilidad de su contraprestación, no solamente se sentiría confirmado sino alentado para incursionar en otras regiones de la escuela para acomodarlas a su particular provecho. Si hoy día es el dilatar los desembolsos, mañana puede ser la modificación de una nota o la remoción a un docente…etc.  En tercer lugar, la suma de las dos anteriores da como resultado la quiebra, la fractura de un centro educativo. Al no contar con la majestad de la unidad, con la autonomía institucional y con los recursos económicos, se le condena contravenir con la naturaleza, propósito u esencia que anima su existencia. El populismo conmina a las instituciones a transitar por la medianía.

Por último, conviene desmontar la teoría que aduce en favor de la morosidad, el derecho a la educación. Esa prerrogativa no está en tela de juicio ni se pretende vulnerar. El derecho a la educación en los niños y jóvenes supone el deber de ejercitarlo. Sin embargo, ese deber – irrenunciable – por naturaleza y por la ley es competencia de sus padres. Las escuelas se constituyen en ayudas calificadas. Aquellos son quienes tienen que velar para que sus hijos inicien y culminen sus estudios escolares. Por tanto, despojémonos de eufemismos y de frases políticamente correctas, para que con recta intención, razonables normativas y mucho respeto al sentido común, quienes prestan el servicio y quienes tienen deber que sus hijos gocen su derecho a educarse, encuentren soluciones no precarias sino duraderas.