El acoso a la libertad de enseñanza Segunda Parte

Intervención ¿para qué

El intervencionismo estatal es una práctica de larga data. No obstante, en la actualidad el nuevo pretexto para continuar en su empeño controlista es luchar contra la corrupción, la informalidad y la baja calidad educativa. El Ministerio de Educación (MINEDU) al no contar con argumentos enjundiosos, ni con una gestión eficiente, menos con resultados que respalden sus políticas, ha optado por utilizar su poder de legislar pergeñando irregularidades, determinando sanciones y cuantificando multas. Este poder que ostenta el MINEDU ha devenido en coercitivo por tres razones: a) Es parcializado, su foco es la escuela privada, a la que con el sanbenito de lo informal o de lo mercantil, la cuestiona y sanciona; b) Los estandares de calidad a los que invoca para medir y multar ¿ los ha implementado con éxito en sus colegios ¿Sirven como modelo? De lo contario ¿con qué autoridad moral se arroga la idoneidad de evaluar a los colegios que no caen bajo su gestión?; y, c) Las sanciones pecuniarias constituyen ingresos propios y, si a ello le sumamos el aumento en la discrecionalidad del funcionario, la consecuencia es obvia: la vitalidad de la escuela privadas corre el riesgo de “secarse” por exacción.

Las multas no tienen como propósito el enseñar o el corregir. El legislador “tiene la certeza” de que “intencionalmente y con malicia” la escuela transgrede una norma; por tanto, el monto tiende a paralizar, a quebrar las defensas económicas de un centro educativo. El MINEDU es uno de los pocos ministerios que anualmente se le ha asignado mayor presupuesto. ¿Qué razón poderosa justifica que tenga el poder de inflar más sus arcas?

No satisfecho con su posición de dominio – ojalá fuera porque destaca en lo pedagógico, en la gestión, en la elaboración de documentos de estudio y de promoción de la investigación – ha entrado a competir deslealmente con la educación privada. Los medios de comunicación han dado cuenta de que el MINEDU ha incrementado los sueldos a sus docentes, lo cual es loable y lícito. No obstante, para que se equitativa y justa dicha medida, los privados deberían de tener la misma versatilidad para hacer lo propio con sus maestros. ¿Habrá olvidado el ministerio que en los colegios los privados los padres de familia pueden dejar de pagar las pensiones escolares todo un año lectivo, gracias a que cuentan con su apoyo? ¿Habrá olvidado también que las escuelas privadas para corregir sus precios – siquiera a nivel de la inflación – tienen que pedir la anuencia de la Instancias intermedias educativas estatales? En buen romance, la brecha salarial entre los docentes de las escuelas públicas y no estatales, la acentúa el MINEDU, dificulto – salvo que muden las reglas de juego – que los colegios particulares puedan cerrarla.

La sobrerregulación ejerce presión sobre la oferta. Salir airoso de una denuncia interpuesta por un ente estatal implica haber cumplido en exceso con todas sus reglas y superar “revisiones” maleables y, sin término porque se acomodan a la mirada y al ánimo del funcionario de turno. Así, entre trabas y multas, brindar un servicio o producir un bien se encarece, pero no solo en términos de mayores costos, sino en el tiempo y esfuerzo invertidos para cumplir con los interminables requisitos, lo que lleva a descentrar la atención en el corazón de la actividad para centrarse en evitar ser punible de sanción por desacato. Si la mejora del servicio o de la institución se castiga, ¿a quién se perjudica? El intervencionismo del Estado no se aparca en lo académico o económico, busca imponer su ideología, afectando la sana pluralidad. El legislador prefiere la uniformidad, instaurar un pensamiento único, pero lo quiere sin invertir dinero, sino violando los bolsillos de los padres de familia y de las escuelas particulares.

“La ley busca promover la calidad educativa; por tanto, quien se opone a ella, lo hace también con la calidad”. Formulada así esta proposición sabe a sofisma y, además, guarda matices de despotismo. La burocracia se apoderó de la calidad como idea y propósito. Como toda escuela quiere que la calidad distinga el servicio educativo que ofrece, objetar la ley supone, ponerse a contrapelo de lo moderno, de la innovación y de la eficiencia. ¿Con que autoridad el MINEDU determina el territorio de la calidad? ¿qué modelo de calidad propone a las escuelas privadas, para que pueden seguir sus pasos e imitarla? De otro lado, en la afirmación aludida: “si se rechaza la ley, se rechaza la calidad”, no solamente brilla la intolerancia sino que supone: a) desorden administrativo por falta de norte y desconocimiento de la pretensión de la norma; y, b) una estrategia preconcebida que utilizando lenguaje y formas convencionales busca cambiar la esencia de las cosas. El resultado sería que un ciudadano, con atuendo de playa, despierte un buen día en la proa de una lancha… pero encallada en medio del desierto rodeada de cardos.  Una norma debe conducir hacia el bien, procurando que, pacíficamente coexistan los intereses particulares sin subvertir el orden social. Desde esta perspectiva, el entramado de artículos e incisos de una ley señala como alcanzar la conducta esperada. Pero sí lo que rige la ley es la punición y la magnitud del monto de las multas, las escuelas privadas, algunas correrán el riesgo del cierre definitivo y no pocas, pagarán un alto costo en su recuperación por los daños causados: en lo económico, en el tiempo pérdido, en la moral corporativa y en su buen nombre. 

Cuando el espiritu de una ley toma como sinónimos: debilidad, ignorancia, mala fe y perversidad y, en todos los casos, la sanción es monetaria, el dinero se configura como parte de la solución. Quien actúa con malicia sabe cómo utilizar en su beneficio la discrecionalidad de un funcionario; la impotencia de quien por desconocimiento infringe la ley, se obliga a reordenar su presupuesto sobre la marcha para cumplir con el Estado. Conclusión no se ha producido aprendizaje; en ambos casos, la que se perjudica es la calidad en el servicio educativo ¿con qué ánimos o con qué recursos podría alguien invertir en mejorar su escuela si el Estado interviene como un tercero precario?

Por Edistio Cámere

AL COLEGIO CON EL INDECOPI

Edistio Cámere

Al colegio con el INDECOPI ([1]) es el lema con el cual se pone en guardia a los padres de familia en contra de los colegios privados. Sus funcionarios aducen que la campaña tiene por objeto cumplir con lo que la ley prescribe. Sin perjuicio de sus buenas intenciones, el modo como se ha planteado genera inseguridad y pocos beneficios; a mi modo de ver estas son algunas consecuencias:

1.- Definición del consumidor.- La defensa del consumidor es necesaria y  bienvenida cuando el servicio o bien que se recibe es deficiente en calidad y en oportunidad; además, cuando lo ofrecido no se condice con lo aceptado; y, finalmente cuando se advierte comprobada negligencia, un engaño o fraude. En esta línea, cualquier intervención de oficio o por solicitud de la parte interesada es muestra de una real y efectiva  preocupación por el consumidor. Sin embargo, no se entiende el concepto de consumidor que maneja INDECOPI pues interviene en su favor cuando recibe y utiliza un servicio a satisfacción pero de modo unilateral decide no pagar lo debido. Este tipo de injerencia desestabiliza el orden jurídico porque un organismo del estado promueve y avala conductas irresponsables de cara a las obligaciones contractuales contraídas.

2.- El incumplimiento contractual y su impacto en la escuela.- Basta que la norma deje un orificio a través del cual se resuelva en favor de la conducta del no-pago para que se genere inseguridad jurídica, entonces el incumplimiento deja de ser una eventual posibilidad para convertirse en práctica ordinaria. Asimismo, aquella termina por minar la autoridad y el orden en las instituciones. Cuando los acuerdos estipulados entre las partes no son vinculantes, la relación se establece sabiendo que se puede quebrar con relativa facilidad y habilidad. Se instaura, entonces, la cultura de la sospecha y de la desconfianza. Al punto que un proveedor ante el hecho de no recibir lo que es debido por un servicio prestado, se ve obligado a demostrar – con la asesoría de abogados – que se le vulnera un derecho y, asimismo, que ha actuado conforme a ley. De esta manera, se ha introducido un ingrediente pernicioso: la vía judicial como método para resolver las desavenencias escolares entre el colegio y los padres.

Como es lógico, la intromisión de tácticas  querellantes perjudica la mutua confianza entre el padre de familia y la escuela. Durante los trece años que dura, la relación no se limita al pago de la pensión, los padres participación activamente en el logro de los objetivos educativos de su hijo. Pero cuando la confianza se pierde la relación fluye por los meandros de la omisión. En efecto, omite el padre quien – al no estar al día en sus pagos – prefiere no asistir, no pedir, no apoyar ni aplicar las sugerencias para su hijo propuestas por la escuela. Por su parte, el colegio, también se ve forzado a omitir para evitarse demandas por algo que no le parece o le sienta bien al padre. El reclamo airado ha desplazado al dialogo. Se pierde la gran ocasión de sumar esfuerzos en bien del estudiante: ¡el aporte profesional del profesor!

3.- La sobrerregulación.- El empoderamiento del consumidor, corre el riesgo de convertirse en la dictadura del subjetivismo: lo que me afecta, lo que me parece, lo que me gusta…está por encima de la norma, de la realidad, del bien común y de la naturaleza de las cosas y, por tanto, el Estado y sus organismos deben velar para que la norma se me acomode y la autoridad se someta al imperio de lo que apetece.

Esta democracia de los consumidores presiona sobre la oferta. Esto se explica porque el modo de salir airoso de una denuncia venida de un ente estatal es haber cumplido en exceso con todas sus reglas, y superar ‘revisiones’ sin término y, por si fuera poco, maleables porque se ajustan al ánimo del funcionario de turno.  Un accidente, según el Diccionario de la Real Academia (vigésima tercera edición: 2014) es un suceso eventual que altera el orden regular de las cosas, o también lo define como acción de que resulta daño involuntario para las personas o cosas, no obstante, a causa de un infortunio un proveedor es castigado y sancionado pecuniariamente.

Así, entre trabas y multas, brindar un servicio se ha tornado gravoso por el esfuerzo y tiempo invertidos para destrabar una regulación, pero sobretodo porque constriñe a descentrar la atención en el corazón de la institución para centrarse en evitar sanciones. Si la mejora de una escuela o de un servicio se  castiga ¿a quién se perjudica? ¿Esta es la defensa del consumidor que busca el INDECOPI?

4.- Aplicación unilateral del ‘derecho a la educación del niño’.- El derecho a la educación del niño es incuestionable y representa un interés superior que debe conducir a concertar determinados intereses y medios entre el estado, los padres – primeros educadores-, y los colegios a fin de remover los obstáculos que impidan su ejercicio. No obstante, una interpretación perversa de ese derecho impone sobre los hombros de las escuelas privadas la obligación unilateral de aplicarlo. Más aún, esa interpretación inaugura un camino de intromisión del Estado sin retorno en la educación privada. Apelando a tan noble derecho, se podrá implementar iniciativas políticamente correctas que veladamente afecten: la libertad de enseñanza, libertad para contractual o económica y libertad para elegir el tipo de educación para los hijos, todos también derechos de los ciudadanos.

Por paradójico que parezca, la campaña del INDECOPI ocurre en un país que se proclama democrático y con una educación privada en expansión y crecimiento. ¿Será que en el fondo, la férrea defensa del consumidor tiene por objeto el digitar desde las altas esferas, cómo debe vivir y pensar el peruano?

 

 

 

[1] INDECOPI, Instituto Nacional de Defensa de Defensa y de la Protección de la Propiedad Intelectual, es un organismo público autónomo especializado del Estado Peruano, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros.