Entre Educadores

Valoración, respeto y remuneraciones de los docentes

Por Edistio Cámere

Modesto Montoya, reconocido físico peruano, en un artículo publicado en el diario el Comercio escribió “(…) El problema educativo no se resolverá con edificaciones y computadoras, sino con la valoración de la carrera del magisterio, expresada en remuneraciones dignas y en el respeto por parte de la sociedad”.  Dicha afirmación tiene la prestancia de que ordena y jerarquiza los elementos que concurren en el acto educativo, destacando la centralidad del quehacer del docente. Esta ya es una razón  consistente para recomendar su valoración. Por cierto, un explícito reconocimiento a la  acción y ejercicio docente conducirá, consecuentemente, a expresar la misma actitud hacia la carrera del magisterio. Sin embargo, a riesgo de ser redundante con la precisión -me la juego- prefiero subrayar la valoración a la persona del maestro, dado que en desplegarse como tal se luce y como tal se proyecta a los demás.

Reclamar que el docente sea valorado predica su contrario, es decir, que no se le aprecie o reconozca y precisamente en esa carencia reside parte de la problemática educativa actual. Cabe preguntarse, ¿qué tan extendida es su infravaloración? ¿Quiénes son los que no lo reconocen? Ciertamente no son los alumnos quienes, bajo la conducción, el arte de enseñar y los conocimientos, amén de las relaciones interpersonales afectivas que se establecen con el docente, incorporan saberes, destrezas y actitudes acordes con su edad y momento evolutivo.

Es esta una foto que capta lo que en verdad ocurre cotidianamente en las escuelas. La velocidad, la profundidad y dimensiones del aprendizaje no son -aunque le cabe responder por ellas- responsabilidad unilateral del profesor, pues concurren toda una gama de  factores, desde lo genético, las disposiciones, el contexto y dinámica familiar hasta los estilos, costumbres y medios educativos de la sociedad. El docente no es, por tanto, una especie de atlas conminado a cargar en solitario con la educación de sus alumnos.

¿Quién no lo valora?

Aquellos políticos que pretenden réditos sobre la base de resultados estadísticos -que enfatizan la uniformidad hacia abajo- sin parar en mientes que los niños y jóvenes no son una guisa de androides que marchan obsecuentes de acuerdo a un previsible programa, sino que son niños y adolescentes que siguen el ritmo de sus emociones e intereses inmediatos. Por eso mismo, la didáctica y el gobierno del aula son recursos a los que se acude para lograr que se dispongan al aprendizaje. Algunos funcionarios de primer nivel que justifican su ‘preocupación’ por la educación, privilegiando la cantidad en despecho de la calidad, o ante su incompetencia para frenar o atender los ‘males sociales’ tranquilizan su conciencia endilgando a la escuela la responsabilidad de repararlos o solucionarlos.

También aquellos padres de familia que, por razones de variada índole, han renunciado su deber-derecho de educar a sus hijos transfiriendo esta responsabilidad a los maestros. O esos medios de comunicación que están al acecho de alguna falencia del educador para convertirla en noticia de primera plana del día siguiente… todos ellos, sin duda,  cuando la actuación del docente no coincide con sus intereses -que en buena cuenta tiene poca relación con la naturaleza propia del acto educativo- no valoran el quehacer docente y menos a la persona del profesor. 

Desde lejos las cosas se ven pequeñas o en una sola dimensión; habría que acercarse más hacia la labor docente para hacerse cargo de cómo son las cosas. Sería una buena práctica acompañar durante una jornada a un profesor para al menos no ser tan ligeros en opinar e insidiosos al calificar el trabajo que desarrollan. Como suele suceder en todas las actividades humanas, entre los docentes se advierte diferentes grados de compromiso, lo cual no acredita, sin embargo, a maltratar a todos los profesionales de la educación.

Remuneraciones dignas

Un modo de expresar la valoración del docente -refiere el Sr. Montoya-  es pagándole un sueldo digno. La retribución pecuniaria por un trabajo realizado es un derecho correspondiente.  ¿Sobre la base de qué indicadores o criterios se define a un monto percibido como digno?  ¿A valor de mercado? ¿De acuerdo a la capacidad económica, naturaleza o giro de una organización? ¿En virtud de la evaluación del desempeño?  ¡Es este un campo espinoso! El término ‘digno’ termina por ser subjetivamente interpretado: cada perceptor atribuye ese calificativo en orden a una serie de variables personales, familiares y sociales, las mismas que no duplican ni en serie ni uniformemente en cada agente receptor. De ello se sigue que si el Estado -puesto el caso- determinara un monto y lo rebotará a través de los medios de comunicación como un gran logro político, de seguro que a no pocos beneficiarios les parecería no ‘digno’ con arreglo a sus necesidades y expectativas; y, por el contrario, algunos centros educativos quedarían complacidos porque sus amplias espaldas económicas les permiten remunerar por encima de la cantidad oficialmente anunciada.

Particularmente creo que no es la valoración borrosa del docente -per se- la que jalona o define el nivel de sus remuneraciones, más bien se relaciona con una legislación que no se corresponde y por lo tanto no se centra con la realidad del ámbito educativo peruano.  La ‘practica’ en el sector público señala que los docentes son contratados por dictar un máximo de 24 horas académicas semanales. Es esta una praxis reglamentada, no obstante su debilidad radica en el límite de las horas que, contrastadas con el régimen laboral civil, equivale a un medio tiempo e impone proporcionalmente, el monto a remunerar. Su incremento se generaría moviendo el valor o tasa de la hora/semanal/mensual. No parece que sea esa la intención del ente rector, primero porque dicha ‘práctica’ se ha perennizado precisamente por carecer de los recursos económicos para extenderla -¡espero que sea esta la razón y no pedagógica!-; y, segundo, un alza importante en la tasa de cada hora pondría en condiciones desventajosas a los centros privados: sus profesores ganarían menos -por hora- permaneciendo más tiempo en su centro educativo.    

Realidad en el sector privado

A partir de la promulgación del Decreto Legislativo N°882 (8-11-1996) se introdujeron modificaciones sustanciales en las escuelas particulares, entre las cuales figura su conversión en sujetos pasibles de impuesto a la renta. Existen escuelas que merced a su naturaleza jurídica están exoneradas del mismo, no obstante, ninguna escapa al embate de la fiscalización procedente no de una sino de varias entidades públicas. Por cierto, no recuso el deber de tributar, simplemente señalo que para que los colegios privados tengan que cumplir con ese mandato, han sufrido una suerte de desarraigo, puntualmente no pertenecen a ningún régimen que calce con su identidad, por tanto, al estar en “tierra de nadie” todos ejercen presión sobre ellos.

En las escuelas privadas los docentes están insertos en un distinto régimen laboral. Su permanencia en el centro educativo bordea como promedio 40 horas semanales dedicadas en parte al dictado de clases y a tareas o funciones que bien podríamos calificarlas como institucionales. Como podrá advertirse, el criterio hora/semanal/mensual no es posible aplicárselos en todos sus términos; no obstante, este hecho sumado a la permanencia debería ser razón suficiente para que sus remuneraciones sean más atractivas que las que perciben los docentes del sector público.

Al parecer, tal percepción no se condice en todos los casos con la realidad. En este sentido, vale la pena considerar algunas cuestiones sensibles: a) El valor de la pensión escolar no es único, cada colegio lo determina con arreglo a un conjunto de variables y factores; b) El número de pensiones, incluyendo la matrícula, fluctúa entre 10 y 12 mensualidades anuales, mientras que el número de remuneraciones docentes se estaciona forzosamente en 15 (dos gratificaciones, la compensación por tiempo de servicios más el porcentaje correspondiente al seguro social); c) Un porcentaje del presupuesto de reserva para financiar el sistema de becas o ayudas económicas cuyo objeto es facilitar para que los hijos de aquellos padres que por situaciones económicas críticas -coyunturales o permanentes- no vean truncados sus estudios escolares; y, d) La desprotección legal que hace cada vez más farragoso a los colegios solicitar la retribución del servicio educativo brindado puntual y oportunamente por los padres de familia.  El atraso habitual en el pago de las pensiones afecta la liquidez y subvierte la cadena de pagos de las obligaciones contraídas por la escuela con terceros -entre ellos sus docentes-. En el extremo, para honrarlas se ve en la tesitura de solicitar crédito a una institución financiera con lo cual, se encarece el servicio y el presupuesto se perturba a expensas de eliminar partidas que sustentan proyectos o gastos.

En atención a las cuestiones reportadas solo caben dos alternativas: a) El incremento en progresión en el monto de las pensiones escolares que, además de absorber los mayores costos de los bienes y servicios e inflación, aprovisione fondos para hacer frente las cuestiones planteadas líneas antes. Por sentido común, oferta y demanda, el alza en el valor de la mensualidad escolar no puede ser vertiginosa, periódica ni abrupta, tiene unos límites que conviene respetar, entre los cuales tenemos la misma economía familiar; b) Si  la respuesta no puede provenir de los ingresos, habrá que buscarla por el lado del control o restricción de los egresos (inversiones, sueldos…), que también tiene un límite. Es decir, el valor o precio del servicio educativo determina cuan alto sea el subsidio que se aplica a las pensiones, sea congelando su monto, sea dilatando su alza.

En resumen, se puede afirmar -las opiniones contrarias son bienvenidas- que las remuneraciones que perciben los docentes como retribución a su importante quehacer escapan al calificativo de digno o indigno y se centran en la realidad permitida y alentada por la actual naturaleza de los hechos. Más aún, tampoco se la pueda contrastar -para emularla- con los haberes que se reciben en otro tipo de empresas: industriales, comerciales… Una escuela, a más tardar en el mes de marzo, conoce con certeza cuánto es el monto global de dinero que podrá disponer para sus actividades durante un año y al cual deberá ajustarse. Por el contrario, las demás organizaciones, si son más eficientes en su producción o ventas de bienes y servicios, sus ingresos pueden ser tales que generen significativos márgenes. 

Tengo mis serias dudas que al Estado le interese intervenir proactiva y positivamente; es más, me temo que en su miopía no repare el crecimiento de las matrículas en las escuelas privada a despecho de las públicas. Por esa vía podrán tan solo transitar ‘ideas felices’ que hagan más precaria la libertad de enseñanza, la autonomía de los centros y la diversidad curricular. La mejora en las remuneraciones de los docentes es una política que intencionalmente debe nacer de cada escuela, considerando con realismo sus condiciones internas y el nivel de aliento económico que  los padres, al valorar la calidad de su servicio, estén dispuestos a asumir. El esfuerzo, sin embargo, no tiene que ser en solitario si efectivamente se quiere apostar por el docente. Es momento de pensar en configurar redes institucionales que, en conjunto, permitan encontrar soluciones creativas para dar un salto alto, ¡con garrocha!, en la atención, promoción y acogida de quienes están llamados a mejorar a las personas: los docentes.

El respeto de la sociedad

¡Suena a antojadizo reclamar respeto a una sociedad que gracias a sus renuncias y carencias ha impuesto cargas pesadas sobre los hombros del profesor, ¡también sobre los de la escuela! Una sociedad donde se cuestiona la verdad, donde no hay normas objetivas, donde todo está permitido, donde la legalidad suplanta a la moralidad y donde se piensa que toda autoridad atenta contra la libertad ([1])… en la práctica no respeta al docente, más bien, lo mira con cierta indiferencia en su cotidiano y esforzado intento de ir contracorriente.

Con otras actividades la sociedad, por lo general, responde acatando su propio fuero profesional. Cuando se acude a un médico, a un abogado o a un contador, se le espera hasta que emitan su diagnóstico, el informe o el balance respectivamente, sin intervenir directamente en el proceso. Con el documento en mano, se formulan preguntas, inquietudes o las inconformidades.  En caso que no satisfagan las expectativas -mediado el pago de los honorarios pactados- se busca una tercera opinión. En buen romance, a todo este itinerario se denomina ‘respeto’ porque se acata la autoridad de los profesionales. Lo cual, lamentablemente, no ocurre con los profesionales de la educación.

Si se confiara más en el arte, los conocimientos, la recta intención y la experiencia de los docentes, habríamos ganado mucho en respeto y consideración. Los errores y falencias no se pueden ocultar, pero en comparación a las buenas obras son siempre menos. Si tan solo la mirada de la sociedad al maestro fuera objetiva se evitaría juzgar con ligereza y hacer generalizaciones a partir de hechos particulares. Una golondrina no hace el verano, tampoco algunas conforman una bandada… muchas golondrinas vuelan con eficacia porque conocen cómo alcanzar la cima. Pero si desde abajo las balas zumban por efecto de los cazadores, entonces se dispersan, algunas caen heridas y pocas llegan a la meta. Lo cierto es que cada vez habrá menos que quieran alzar vuelo y las que lo hagan lo harán con miedo o de noche. ¿Eso queremos con los maestros?

 

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