Entre Educadores

Por Edistio Cámere

La libertad de enseñanza es un principio casi olvidado en las políticas educativas, que afecta por igual a los padres de familia y a los colegios. En la Ley de Educación peruana no solo no se alienta, sino más bien se incuba sutilmente modos para suprimirla. En la escuela única estatal, que impone el uniformismo, la elección entre distintas alternativas no existe. El Estado sesga su atención hacia lo económico (la gratuidad) pero atenta contra la libertad de los padres de familia al no ofrecerles alternativas distintas entre las cuales elegir el colegio para sus hijos.  

Asimismo, la ausencia de un ideario o proyecto educativo origina un pluralismo inoportuno en el interior de cada escuela. En este escenario cada profesor enseña según su particular criterio e ideología. El alumno, sometido a propuestas distintas y contradictorias sobre la vida y los valores, termina confundido y, al extremo, escéptico. 

Existe otro riesgo ante la carencia de un proyecto educativo: que las escuelas eduquen sólo en aquellos temas en que todos estén de acuerdo, cayendo en evidentes omisiones y asumiendo que a los padres sólo les interesa lo estrictamente instructivo. La enseñanza neutra sería su consecuencia que, como bien dicta la experiencia, no es factible pues toda educación siempre transmite unos comportamientos, creencias y estilos de vida.

Por último, pende sobre la libertad de enseñanza la creación de comisiones o consejos en las escuelas. Bajo la llamada gestión democrática, se otorga participación y atribuciones a los padres de familia  en el  gobierno de la institución educativa. Su falta de tiempo y de competencia les obliga a atender y decidir sin la prudencia y el estudio del caso sobre situaciones técnico-pedagógicas, pudiendo afectar la buena marcha del plantel y los intereses de las demás familias.

La participación de los padres es conveniente a condición de que no se afecte su derecho a intervenir cuando la escuela enseña cosas contrarias a sus expectativas.  El padre de familia no puede ser juez y parte. No puede enajenar su derecho a educar; más que integrar comisiones debe poder elegir y velar porque el colegio cumpla cabalmente con su fin especificado en su hija o hijo. 

En nuestro país es prioritario que el Estado promueva la libertad de enseñanza, pues la elección de los padres no puede resolverse en términos económicos. Aquellos que tienen cómo pagar deciden entre diversos colegios de régimen privado; aquellos que no, les espera la escuela estatal única. La diferencia en la calidad entre ambas es acentuada… y el futuro para sus estudiantes también lo será. Mantener esta situación es injusto. Se requiere un cambio de mentalidad, que sea menos paternalista.

La educación es el arma más poderosa que tiene la sociedad para formar personas, transmitir cultura y valores. Cada nueva generación tiene que ser mejor que la anterior, con ello se garantiza el crecimiento de un país. Estando en juego el futuro de una nación -de allí la envergadura de la educación- el Estado no puede seguir siendo promotor y ejecutor al mismo tiempo. Entre otras cosas porque no puede ser juez y parte, pues a la corta o a la larga no hará bien ninguna de las dos. Si concentra sus energías en ser un buen promotor, la sociedad aportará numerosas opciones en la ejecución; los docentes tendrán mejores posibilidades laborales y las familias, independientemente de su condición económica, podrán elegir el colegio que se avenga con los objetivos educativos que deseen para sus hijos. La gratuidad de la enseñanza no tiene por qué afectarse, ya que si el Estado fuera estrictamente promotor encontraría los medios para promover el binomio gratuidad-libertad de elección.