Entre Educadores

Por Edistio Cámere

En un mismo día escuché el relato de dos sucesos de similares consecuencias, ocurridos en dos distintas zonas geográficas, y cuyos protagonistas eran instituciones públicas y colegios particulares. Me limitaré a referir lo central; las explicaciones, justificaciones y detalles no atenúan la gravedad, sobre todo, de la orfandad en la que se encuentran los centros educativos privados.

El primer suceso: Un alumno termina el año lectivo con los cursos desaprobados necesarios -de acuerdo a ley- que impiden su promoción al siguiente grado. El padre de familia recusando las explicaciones recibidas, activa sus relaciones en el Parlamento de la República y desde allí un congresista amigo presiona al Director de la Ugel. Resultado: el colegio es conminado a alterar las notas. El segundo acontecimiento: Un profesor de buena fe le comenta a un padre de un niño inquieto y con notas precarias, que a fin de año su hijo hará vacacional. En diciembre, su rendimiento no es para ir a recuperación… tiene que repetir de grado. Los padres acuden a Indecopi aduciendo maltrato psicológico y otros motivos. Resultado: dicha entidad ‘sugiere’ que el niño sea promovido de grado.

¿Qué justifica consignar tales sucesos? Desde poco tiempo atrás los colegios particulares son el centro de directrices o normas de entidades públicas que actúan con absoluta autonomía y sin la mínima coordinación entre ellas: Ministerio de Trabajo, Sunat, Defensa Civil, Indecopi, Municipalidades… frente a los cuales las instituciones educativas se encuentran en el más completo desamparo, ante la dimisión o tibieza del Ministerio de Educación. La inseguridad jurídica no solamente obliga a los colegios a invertir tiempo y dinero para hacer prevalecer sus derechos, amén de que no existe jurisprudencia previa y propia del sector educativo; por tanto, tienen que litigar dentro de otros marcos jurídicos que se avienen con empresas cuyos giros son distintos a la realidad de los colegios.

El perjuicio de esta inseguridad afecta la solidez institucional que, al resquebrajarse, impide el mantenimiento de sus principios; y, al extremo, la indisciplina en la escuela comienza a contaminarla. En cambio de notas sugerido genera un precedente: ¿Con qué autoridad se le podría negar a otra familia que solicite un pedido similar? Si Indecopi insiste -en la práctica considera que los usuarios de la escuela son ‘clientes’- ¿cómo queda el objeto de la educación y la figura del profesor?

Los colegios, por cierto, no son unos ‘spa’, ni centros de entretenimiento, y menos talleres donde se reparan los males sociales. La condición de alumno riñe con la comodidad, con el pasarla bien… aprender y formarse son realidades humanas que exigen brío, perseverancia y constancia. Además, la libertad educable es la moral, la denominada fuerza de voluntad mediante la cual una persona tiende a bienes arduos, se empeña en obtenerlos y se mantiene en ellos, para lo cual es necesario una influencia asertiva. El educando aún está en proceso de madurez, lo que acredita al docente a exigirle para que logre los objetivos propuestos. La exigencia es una actitud radical en educación, el hacerse con nuevos conocimientos y hábitos implica denuedo, estímulo y algunas veces sanciones, dado que el joven o niño todavía no tiene un carácter ético formado.

Ahora bien, no solamente los entes públicos presionan a los colegios, también el mercado y sus leyes pueden influir en la pérdida de su norte. Por lo pronto, el afán por competir se ha introducido en los centros educativos que se han embarcado en una carrera febril y acelerada: acreditaciones, franquicias, ranking, evaluaciones… Para destacar y mostrar su ‘poderío’ recurren a las estadísticas y a los porcentajes que miden, comparan y numeran. La prisa, la velocidad han ingresado a los colegios; el tiempo, el gran aliado en el proceso educativo en el que calza el diálogo, la contemplación, la mirada, la oportunidad, la esperanza, el esfuerzo… se retacea para llenarlo con datos, con indicadores para llegar a la meta cuantificable. Salvando la distancia y con la disculpa del caso, me viene a la mente la imagen de una granja de pollos en la que rompiendo el curso de la naturaleza se les engorda en 30 días, con nutrimentos químicos.

La unión hace la fuerza

Huelga decir que estoy contra toda práctica reñidas contra la moral y si un determinado colegio contraviene una norma, pues que no quede impune. No estoy en contra de que el Estado vele para que las instituciones particulares cumplan con probidad su quehacer. Sin embargo, como estamos dentro de un país joven, en proceso de madurez, la inseguridad jurídica es una patente y lamentable realidad. Además, por muchas razones la educación es -en la actualidad- el centro del interés de la sociedad, lo cual es lógico porque de aquella depende su crecimiento sostenido.

Dudo que en todos los casos el interés sea genuino, no faltará algún funcionario que para obtener prebendas políticas se enfile contra los colegios de tal forma que su nombre figure en las primeras planas de los diarios. Tampoco faltarán algunos iluminados que pretendan resolver los problemas de la educación importando sin el menor rubor sistemas de otras latitudes, ocultando sus notorias debilidades. Menos aún estamos libres de la ingerencia punzante e intensiva del Estado (en Europa, la educación privada es “una especie luchando denodadamente para no extinguirse”). Por último, y no por ello menos importante, cada colegio es testigo de excepción lo que implica educar y procurar establecer alianzas con los padres de familia. Lo paradójico es que se les sorprende con normas y directivas, no pocas veces faltas de asidero con la realidad antropológica y psicológica de los alumnos y con su dinámica organizativa.

Cuando un ministerio quiere introducir un cambio legal en su sector, debe sentarse a dialogar con el gremio respectivo para conocer sus inquietudes y experiencias. ¿Por qué este método no se aplica en el sector educativo privado? En verdad no creo que sea por acción del Ministerio de Educación. La libertad de enseñanza, la pluralidad de opciones a través del Ideario, el orden y la disciplina en los colegios, la relación con los padres de familia basada en el respeto y la confianza, la consideración y valoración al docente y a su quehacer… son, entre muchos otros, motivos suficientes para que los centros educativos particulares dejen de ser pequeñas islas -separadas por aguas con tiburones imaginarios- para formar un gran archipiélago y que, sin perder la propia identidad, puedan ser interlocutores necesarios ante el Ministerio de Educación. Es preciso un solo frente ante las exigencias arbitrarias y con poco sentido común de algunos entes gubernamentales.

La formación humana de los niños y jóvenes, y la opción de los padres de familia por una educación que se acompase con su filosofía de vida y sus creencias, estimulan a defender la autonomía y la subsidiariedad de los centros educativos particulares a través de la conformación de una Federación de Asociaciones, que tanta falta hace.