Edistio Cámere
Las encuestas no califican positivamente la actuación de las instituciones del Estado. Ciertamente éstas no tienen categoría de verdad, sin embargo, muestran señas que “algo” en aquellas no funciona, en tres aspectos generales: a) simplemente, no actúan; b) actúan contrariamente a su propia naturaleza; y, c) no actúan con arreglo a su función social. Cuando se analiza el comportamiento de una institución sobre la base de su productividad, se focaliza su eficiencia en materia de la calidad y la cantidad de sus servicios. Si se la examina desde la perspectiva de las relaciones públicas, se hace hincapié en su capacidad para atender y recibir a los usuarios. Finalmente, si nos detenemos en su representatividad, se alude entonces, al cumplimiento, en todos los casos, de lo solicitado por los ciudadanos. El discurrir por estos senderos, aunque ciertos, nos desviarían del fondo de la cuestión y se caería en el lugar común propio de la oposición o de los que se desilusionan porque se creían sujetos de privilegios. Que una institución tutelar no cumpla con su función, tiene repercusiones graves para la marcha de una sociedad.
LIMITARSE A LO «QUE SE HACE»
El objeto del Estado es velar por el bien común y el bienestar de todos los ciudadanos. Para cumplir a cabalidad con ese fin, la sociedad le delega poder para que administre (Ejecutivo), legisle (Congreso) y arbitre (Poder Judicial). Cuando el Legislativo promulga leyes administrativas que miran al beneficio de grupos, o cuando se entrampan en extensas e infructuosas discusiones que encubren intereses, subalternos, no está cumpliendo con su fin, aunque aparentemente su accionar febril así lo demuestre. El trabajo del Parlamento, es eficiente cuando es capaz – interpretando la realidad – de promulgar normas que estimulen y dinamicen el desarrollo de la sociedad. La fuerza, la creatividad y el empuje social deben ser canalizados a través de cursos seguros, precisos y alentadores. Por eso, afirmar que el Congreso no funciona porque produce pocas leyes, es hacerle un beneficio: la crítica se limita al «qué hace». Administrar justicia es dar a cada uno lo suyo. Pero cuando quien debe hacerlo no actúa con autonomía, serenidad e imparcialidad, el ciudadano se ve obligado a buscar «padrinos» o a preferir un «mal arreglo», pues se da cuenta que la ley se aplica con arreglo al mejor ‘postor’: dinero o poder, y, no en “dar lo que es debido».
¿QUÉ TIPO DE SOCIEDAD…?
Las consecuencias del deterioro de las Instituciones pueden especificarse en: Primero. – ¿Si el mayor no cumple con sus fines y obligaciones, por qué el menor tendría que hacerlo en su ámbito? El amor a la patria es un sentimiento que se nutre del ejemplo de quienes les corresponde, por deber, demostrarlo con obras. La sociedad se vertebra con arreglo a sus líderes, que están a su servicio. ¿Es lícito, después sorprenderse por la atomización de la sociedad o de su anomia, cuando ellos buscan su bien particular? Segundo. – Se anula la libertad social, es decir, la capacidad que tiene el ciudadano de asociarse para decidir acerca de las cuestiones que le afecten directamente. Razón por la cual, el estado debería promover las asociaciones o grupos intermedios y no solamente tolerarlas movido más por el qué dirán democrático que por el convencimiento de que son expresión auténtica de la condición social de la persona. Tercero. – Cuando se cercena la libertad social -propia de una democracia representativa- el ciudadano se encuentra solo, aislado y desnudo de defensa frente al estado; y, cuando se reúne con otros, lo hace más para defenderse que para crear. Cuarto. – Cuando el estado no establece un marco jurídico preciso que, de seguridad y firmeza a las creaciones, proyectos sociales, los ciudadanos se atribuyen el derecho de responder a las injusticias o de hacer prevalecer sus derechos. En esta situación los débiles y marginados llevan la peor parte. A esto se llama privilegiar el individualismo a ultranza. Quinto.- La autoridad se ostenta cuando la justicia se pone al servicio de los ciudadanos. Una correcta administrarla protege al individuo de los abusos de los grupos de presión, de las demasías de una libertad mal entendida o de los desvaríos de una torpe política.
Si el Estado permite que sus instituciones más representativas no funcionen con eficiencia y con la mira al bien común, habrá entonces que preguntarse ¿Qué tipo de sociedad quiere, por qué y para qué?
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