Edistio Cámere
La promulgación de la Ley N° 31498, que impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos en el Perú – esperable en todo régimen democrático – estuvo precedida por argumentos que acaloradamente la defendían y por aquellos que la desestimaban. Estos últimos enfilaron sus baterías denunciando que el Minedu perdería la rectoría del sistema educativo; que se cuestionaría la idoneidad de los funcionarios y/o especialistas al ponerlos en berlina ante los padres; se correría el riesgo de no formar integralmente a los alumnos; y afectaría la calidad del servicio educativo. Obviamente, todo esto sazonado con calificativos cancelatorios a quienes mostraban una posición contraria. En suma, la educación sexual integral tenía que aplicarse a rajatabla tal y como la concibieron el Minedu y sus aliados. En el fondo, quienes recusan la norma lo hacen porque están convencidos de que el contenido educativo solo es atribución del ente estatal: los ciudadanos de a pie no estamos capacitados de elegir y tener nuestras propias valoraciones sobre el particular. “¿Cuándo entenderemos que muchísimas familias son depositarias de valores antidemocráticos y excluyentes (clasistas, sexistas, racistas)? Peor aún, que es muy difícil impedir esta forma de crianza debido a la patria potestad”. Esta explicación pertenece al Sr. Diaz-Albertini (El Comercio “No nos ganan”). No es primera vez que leo o escucho argumentos de tal índole. El obcecado y cerril entusiasmo por una ideología que solo ilumina una porción de la realidad, lleva a ningunear y calificar a los ciudadanos de a pie. La ley en cuestión ha revelado a la sociedad la existencia de un consorcio de pontífices egregios que, desde el olimpo del deber ser, dictaminan “la naturaleza de las cosas y las conductas del hombre”.
He leído la ley. Puedo afirmar que: no atenta contra la rectoría del Minedu ni contra la capacidad de sus funcionarios; sienta – me imagino que el reglamento lo afinará – el ámbito, el modo de intervención, y la competencia de los padres de familia. No añade ni quita nada que no esté expresado en la Constitución. Lo que sí hace es adelgazar la soberbia intelectual y moral del Estado recordándole que la educación no es una ciencia exacta ni actividad mecánica, más bien atiende y forma a menores de edad cuyos padres tienen sus propias valoraciones sobre el modo de educarlos. En este sentido, toda política educativa debe reconocer la libertad de pensamiento y respetar los valores educativos de las familias.
Entre Educadores 