Entre Educadores

Edistio Cámere

En apretada sintesis, la escuela que valora la unidad y consistencia de su propuesta educativa enfrenta, hoy en día, tres retos que, en solitario, mas tarde y mediante alianzas o confederaciones, mas temprano, tendrá que resolver.

1.- El imperio del consumo predica la conversión de alumnos en clientes, a quienes se les tiene que complacer en lo que soliciten o crear necesidades acordes con la sensibilidad de los padres. Importa más el consentir que mantener la unidad y coherencia en los principios y en el estilo de la escuela.  En cierto modo, su centro: la educación y formación se desplaza a procurar que el alumno la pase bien. Este desplazamiento afecta la identidad de la escuela y de la docencia como profesión. Su finalidad es enseñar – con arte y gracia – para que el alumno aprenda. El aprendizaje requiere sistema, tesón, orden y respeto a los compañeros. Mas que divertidas las clases tendrían que ser interesantes y el alumno no debería realizar lo que le apetece ni en el momento que se le antoja. El imperio del consumo, sanciona que el esfuerzo, compañero fiel del estudio y del aprendizaje, tiene que morigerarse. Y la exigencia por obsoleta eliminarla porque según sus defensores afecta la estabilidad y libertad del alumno.
El consumo ofrece “éxito” “status”, mediciones, resultados, tecnología de punta, y maratónicos procesos de competencia entre las escuelas … para ello se tiene que recurrir – entre otras opciones – a las acreditaciones, a las franquicias, a los convenios internacionales, a los viajes de intercambio, a veces, a costa de poner a un lado, aspectos más centrales de la propuesta educativa. Obviamente, encarece el servicio educativo porque la escuela tiene que formar consumidores y contribuyentes: léase, ciudadanos que nutran al estado y al mercado.

2.- La intervención del Estado es una práctica ordinaria y de larga data. En la actualidad so pretexto de luchar contra la corrupción, la informalidad y la baja calidad educativa, el Ministerio de Educación (MINEDU) pretende impulsar e implantar una visión y un pensamiento único y uniforme, contrariamente a lo que predica una sociedad democrática y plural. Sin embargo, al no contar con argumentos enjundiosos, ni con una gestión eficiente, menos con resultados que respalden sus políticas, ha optado por utilizar su poder de legislar pergeñando irregularidades, determinando sanciones y cuantificando multas.
Ese  poder normativo que ostenta el MINEDU ha devenido –a  mi juicio – en coercitivo y, por tres razones: a) Es parcializado, su foco es la escuela privada, a la que con el sanbenito de lo informal o de lo mercantil, las cuestiona y sanciona; b) Los estandares de calidad a los que invoca para medir y multar, ¿los ha implementado con éxito en sus colegios? ¿Sirven como modelo? De lo contario ¿con qué autoridad moral se arrogan la competencia de evaluar a los colegios que no caen bajo su gestión?; y, c) Las sanciones pecuniarias (cf. DU. 002- 2020) constituyen ingresos propios y, si a ello le sumamos el aumento en la discrecionalidad del funcionario, la consecuencia es obvia: la vitalidad de la escuela privadas corre el riesgo de “secarse” por exacción.
Las multas no tienen como propósito el enseñar o el corregir. El legislador “tiene la certeza” de que “intencionalmente y con malicia” la escuela transgrede una norma; por tanto, el monto tiende a paralizar, a quebrar las defensas económicas de un centro educativo. El MINEDU es uno de los pocos ministerios que anualmente se le ha asignado mayor presupuesto. ¿Qué razón poderosa justifica que tenga el poder de inflar más sus arcas?
No satisfecho con su posición de dominio – ojalá fuera porque destaca en lo pedagógico, en la gestión, en la elaboración de documentos de estudio y de promoción de la investigación – ha entrado a competir deslealmente con la educación privada. Los medios de comunicación han dado cuenta de que el MINEDU ha incrementado los sueldos a sus docentes, lo cual es loable y lícito. No obstante, para que se equitativa y justa dicha medida, los privados deberían de tener la misma versatilidad para hacer lo propio con sus maestros. ¿Habrá olvidado el MINEDU que en los colegios de su competencia (los privados), los padres de familia pueden dejar de pagar las pensiones escolares todo un año lectivo, gracias a que cuentan con su apoyo? ¿Habrá olvidado también que las escuelas privadas para corregir sus precios – siquiera a nivel de la inflación – tienen que pedir la anuencia de la Instancias intermedias educativas estatales? En buen romance, la brecha salarial entre los docentes de las escuelas públicas y no estatales, la acentúa el MINEDU, dificulto – salvo que muden las reglas de juego – que los colegios particulares puedan cerrarla

3.- El enfoque de derechos sin una perspectiva de deberes se configura por la confluencia de corrientes de pensamiento asentadas en el corpus normativo de una sociedad con miras a cambiar costumbres, estilos de comportamiento e intereses culturales. El “enfoque de derechos” torna difícil enseñar a un alumno que cada uno es responsable de sus propios actos y que es viable convivir con orden en libertad. Si la presencia de las instituciones, de la autoridad, de las normas son percibidas como enemigas de mi sentir, de mi individualidad, de mis apetencias, entonces, la convivencia, la fraternidad, la familia, la comunidad y la sociedad difícilmente podrán cumplir con sus fines.
La acentuación e iluminación de los derechos y el oscurecimiento de los deberes termina por sobre dimensionar el individualismo a costa de las relaciones interpersonales y las relaciones con la comunidad y/o las organizaciones. Más aún, si mis quereres y sentires cuentan con el respaldo de las leyes y de los políticos y funcionarios, las sociedades intermedias pierden consistencia y unidad. Cuando una persona incumple con un deber contraído previamente con una institución, lejos de asumir su responsabilidad, muda ese deber en un derecho vulnerado, con la anuencia legal del Estado. El efecto es devastador para cualquier institución: si hoy fue ese deber, porque mañana no podría exigir cambios – que miran al propio beneficio – al interior de aquella. La morosidad es un claro ejemplo de esta actitud: enfoque de derechos sin una perspectiva de deberes.
En conclusión, la escuela privada tiene el gran desafío de luchar por preservar su prestancia, unidad y autonomía institucional. Las amenazas descritas la afectan, pero no al extremo de que desista o se desvié de su naturaleza o finalidad. Su presencia y vigencia garantiza la variedad y pluralidad de propuestas educativas, para que el padre de familia opte por la que más se acompase con su visión educativa familiar. A la escuela le compete la promoción de la cultura occidental-cristianos, ofrecer un visión realista, viable y esperanzadora del país, para que sus hijos se comprometen a hacerlo crecer, sin descuidar los valores de la peruanidad, de la solidaridad, de la justicia y de la paz.
La educación privada sigue en aumento y no precisamente por estimulo del Estado. Este fenómeno tiene que evaluarse con sinceridad y sencillez. Por lo pronto, es motivo para que el MINEDU en vez de mirar la paja en el ojo ajeno, ponga las barbas en remojo.